La Fiscalía General del Estado de Oaxaca enfrenta señalamientos tras confirmarse que vehículos asegurados por denuncias de robo fueron entregados a funcionarios públicos para su uso oficial. Este lunes 13 de julio, el gobernador Salomón Jara Cruz admitió haber solicitado personalmente a la fiscalía estatal la entrega de unidades decomisadas o en calidad de depositarias para autoridades municipales.
Según las autoridades estatales, algunas de estas unidades permanecían abandonadas hasta por 10 años y, tras ser reparadas por los ayuntamientos, ahora cumplen funciones de transporte oficial. El conflicto se intensificó durante el fin de semana, cuando un usuario de redes sociales localizó mediante rastreo GPS un automóvil que había sido retenido semanas antes por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Este vehículo, que anteriormente operaba como taxi foráneo, fue encontrado con modificaciones en su carrocería y en posesión de un comisionado municipal.
Aunque los agentes de la fiscalía se presentaron en el lugar, permitieron que el funcionario se retirara tras mostrar un documento de depositario, lo que generó indignación entre ciudadanos afectados. Los denunciantes sostienen que este caso no es aislado, sino parte de un esquema sistemático dentro de la dependencia. Por ello, preparan expedientes para presentar una queja formal ante la Fiscalía General de la República, con el fin de que se investigue a los funcionarios involucrados.
En respuesta, la fiscalía local inició procedimientos internos a través de su Contraloría y Visitaduría General para esclarecer las irregularidades denunciadas. Durante su conferencia semanal, el gobernador Jara Cruz justificó la entrega de estos vehículos argumentando que los ayuntamientos carecen de recursos para adquirir transporte nuevo. Explicó que, ante las solicitudes de diversos presidentes municipales, ha gestionado con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla la entrega de dichas unidades.
Este mecanismo, sin embargo, ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia en los procesos de asignación. Mientras el gobierno estatal defiende el aprovechamiento de recursos supuestamente abandonados, la ciudadanía exige mayor claridad sobre el destino de los bienes asegurados. Por ahora, el caso permanece bajo escrutinio público y las autoridades federales podrían atraer la investigación, siempre que se compruebe la existencia de una red de corrupción en el manejo de propiedad privada decomisada.
