Convenio con presunto implicado en caso del “tirador de la Atlixcáyotl” genera debate sobre protocolos institucionales

El pasado 20 de abril, el rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP), Raymundo Atanacio Luna, firmó un convenio de colaboración con la asociación civil ITEBIO A.C., representada por Rafael Zabalza, con el propósito de impulsar proyectos académicos, científicos, tecnológicos y culturales. Este acuerdo fue difundido por la propia universidad como una estrategia para fortalecer la vinculación institucional mediante actividades de investigación, capacitación y desarrollo.

No obstante, el convenio ha vuelto a ser objeto de atención tras la detención de Rafael Z., señalado por las autoridades como presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si el representante de ITEBIO A.C. y el detenido son la misma persona, aunque diversos reportes periodísticos los vinculan.

Además, se ha señalado que Rafael Z. fue durante años un proveedor importante de medicamentos y equipo médico para el Gobierno de Puebla en las administraciones de Melquiades Morales y Mario Marín, un dato que añade complejidad al contexto del caso.

Es importante destacar que al momento de la firma del convenio no existía una investigación pública en contra de Rafael Z., pero la situación actual plantea un debate sobre los mecanismos con los que cuentan las instituciones públicas para revisar la vigencia de convenios cuando alguno de sus firmantes enfrenta investigaciones por delitos de alto impacto.

Hasta ahora, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el convenio ni ha informado si éste permanecerá vigente o será revisado a la luz de los acontecimientos recientes.

Este caso también abre la discusión sobre la necesidad de establecer protocolos claros para evaluar la continuidad o suspensión de convenios institucionales, con el fin de preservar la confianza pública y el prestigio de las instituciones, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.

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