El pasado 9 de julio, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, presentó públicamente a su esposa, Ruth González, como la posible candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la gubernatura en las elecciones de 2027. Durante el evento, al que asistieron miles de militantes, se destacó el respaldo hacia González como sucesora en el gobierno estatal.
El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, manifestó su apoyo a la postulación de Ruth González, a pesar de las advertencias emitidas por Presidencia y Morena sobre las reglas que buscan evitar el nepotismo en los procesos electorales. Cabe recordar que en febrero de este año, Velasco Coello ya había señalado que, aunque la senadora aún no había tomado una decisión definitiva, las encuestas internas del partido la colocaban con una ventaja de más de 20 puntos.
En un discurso dirigido a sus seguidores, Ruth González enfatizó la importancia del papel de la mujer en la política, retomando el lema “Es tiempo de mujeres”, utilizado en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. “Cuidamos hijos, cuidamos casa, cuidamos marido, nos cuidamos a nosotras, las mujeres podemos hacer todo al mismo tiempo, así que una mujer puede gobernar San Luis Potosí”, afirmó.
Este anuncio se da en un contexto complicado para el gobernador Gallardo, quien enfrenta denuncias por presunto lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha preparado una denuncia en su contra, así como contra otros dos gobernadores, por presunto financiamiento ilícito de campañas. La acusación señala que Gallardo está investigado por el desvío de 724.6 millones de pesos provenientes de recursos públicos de los municipios de Soledad Graciano Sánchez y San Luis Potosí, gobernados por él y su padre, Ricardo Gallardo Juárez.
En 2021, La Silla Rota publicó documentos que evidencian un incremento considerable de recursos a través de diversas empresas en las que Gallardo figura como accionista y representante legal.
Este escenario político marca el inicio de un proceso electoral que, sin duda, será vigilado de cerca por la sociedad y las autoridades, en un estado donde la transparencia y la legalidad son temas prioritarios.
