La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación en la que descarta la participación directa del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En su Recomendación 208VG/2026, que consta de 867 páginas, el organismo señala que no existen elementos suficientes para sostener que el caso Iguala corresponda a una desaparición forzada masiva ejecutada por militares o a una operación de represión política contra los estudiantes.
La CNDH puntualiza que la hipótesis que colocaba al Ejército como actor central en estos hechos debilitó las investigaciones contra policías municipales, autoridades locales y el grupo criminal Guerreros Unidos. Esta narrativa, impulsada en distintas etapas de la investigación, no fue acreditada con pruebas suficientes, según el organismo.
En el documento, la Comisión destaca que, pese a una exhaustiva investigación, no ha podido acreditar la participación directa de ningún elemento militar en los actos de violencia ni en la desaparición original de los 43 estudiantes. Asimismo, rechaza la existencia de un plan diseñado específicamente para hostigar y eliminar a los normalistas.
No obstante, la CNDH considera indispensable concluir la investigación sobre una posible complicidad de mandos militares, entendidos como personas individuales, con Guerreros Unidos. La información más reciente disponible para la Comisión proviene de la Fiscalía General de la República (FGR) y data de septiembre de 2025. En esa fecha, las investigaciones contra cuatro integrantes del Ejército por delincuencia organizada estaban en etapa de integración, mientras que los procesos contra 17 elementos por delitos como desaparición forzada, homicidio calificado y tentativa de homicidio se encontraban en etapa de instrucción.
El organismo también señala que las acusaciones contra militares se basan principalmente en testimonios de testigos protegidos, quienes fueron miembros de Guerreros Unidos, y en conversaciones extraídas de celulares que fueron invalidadas por diversos actores.
Por otra parte, la CNDH recoge testimonios de estudiantes sobrevivientes que relatan que, el día de los hechos, policías municipales de Iguala y Huitzuco recibieron a golpes a algunos normalistas que bajaron del primer autobús, los sometieron, esposaron y tiraron al piso boca abajo. Además, documenta la presencia de policías estatales y federales en puntos del recorrido donde hubo disparos y violencia.
En cuanto a la responsabilidad sobre la orden de desaparecer a los estudiantes, la recomendación apunta hacia dirigentes de Guerreros Unidos en colusión con autoridades locales. Se menciona incluso un mensaje entre dos mujeres, Yaza y Karen, en el que se indica que un hombre, presuntamente un líder criminal, estaba “muy enojado” y habría ordenado recuperar su mercancía y eliminar a todos a discreción.
Este nuevo pronunciamiento de la CNDH aporta elementos para enfocar la investigación en actores locales y criminales, sin descartar la necesidad de esclarecer posibles vínculos individuales dentro del Ejército, lo que podría contribuir a una resolución más completa y justa del caso.
