La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada durante cinco años la información vinculada a las comunicaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Ambos políticos están mencionados en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses.
Esta reserva también abarca las gestiones diplomáticas, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación relacionados con ambos funcionarios, según una solicitud de transparencia realizada por El Sol de México.
La Cancillería justificó la clasificación argumentando que la divulgación de dicha información “podría menoscabar” los entendimientos entre ambos gobiernos. En su resolución, la SRE señaló que revelar estos documentos violaría la expectativa de confidencialidad que esperan los funcionarios estadounidenses, lo que podría afectar la confianza necesaria para la labor diaria de las representaciones diplomáticas en ambos países.
Además, el Gobierno Federal decidió clasificar por un periodo de tres años las minutas de la reunión celebrada el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Este encuentro adquirió relevancia luego de que se difundiera que el funcionario estadounidense habría planteado la entrega de Rocha Moya e Inzunza para enfrentar las investigaciones en Estados Unidos.
Las solicitudes de información, presentadas el 26 de mayo, buscaban conocer los detalles de las conversaciones entre ambos gobiernos sobre la situación jurídica de los funcionarios sinaloenses. La Unidad de Transparencia de la SRE informó que la petición fue turnada a la Subsecretaría para América del Norte y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que determinaron la clasificación de la información.
El Comité de Transparencia indicó que los documentos contienen posiciones institucionales, solicitudes de cooperación internacional, estrategias de coordinación, análisis de información y elementos relacionados con la interlocución diplomática. Además, advirtió que la difusión podría afectar la imagen de México ante otros países y comprometer futuros mecanismos de cooperación bilateral.
Cabe recordar que la solicitud de información se realizó tras cumplirse 70 días desde que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, presentó una acusación contra Rocha Moya, Inzunza y ocho funcionarios del estado por presuntos vínculos con el crimen organizado. En dicha acusación, el administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que los acusados habrían utilizado sus cargos para proteger operaciones criminales y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
