Cuatro usuarios presentaron una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de incumplir la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025. La legislación prohíbe el uso de términos como «comprar» o «propiedad» sin advertir claramente que los juegos digitales son licencias revocables y no propiedad definitiva.
La demanda surge en un contexto de creciente descontento tras el cierre de servidores que ha dejado inaccesibles varios títulos, entre ellos Destruction AllStars, un juego exclusivo de PS5 que cesó sus servicios en mayo de 2026. Su modo para un jugador, actualmente disponible, desaparecerá el 25 de noviembre de este año, lo que dejará el juego completamente inutilizable para quienes lo adquirieron.
Este fenómeno comenzó en 2023 con el cierre de servidores de The Crew, un juego de Ubisoft, lo que motivó la creación de la ley AB 2426 por parte de la asambleísta Jacqui Irwin. Además, el movimiento internacional Stop Killing Games presiona para que las editoras permitan a las comunidades mantener servidores privados o jugar sin conexión tras el abandono comercial.
Sony enfrenta en 2026 varios litigios simultáneos. Entre ellos, un acuerdo preliminar de 7.85 millones de dólares por prácticas antimonopolio relacionadas con la venta exclusiva de códigos digitales en la PS Store, con audiencia final programada para el 15 de octubre. También se formalizó en mayo una demanda por presuntos sobreprecios en la consola PS5 durante la crisis de aranceles, acusando a Sony de no trasladar a los consumidores las devoluciones obtenidas.
Mientras los tribunales evalúan si Sony debe modificar la terminología en su tienda digital para reflejar la naturaleza de licencia de sus productos, el caso podría sentar un precedente importante en la transparencia y regulación del mercado de contenidos digitales.
