El pasado 14 de abril de 2025, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secihti), otorgó un contrato a la empresa Rocketel SAPI para el diseño y fabricación del coche Olinia, con un monto asignado de cinco millones de pesos. Este contrato, identificado con el número de oficio HS20/DGM-036-0/2025, ha generado controversia debido a que Rocketel es una empresa de telefonía celular con sede en Mérida, Yucatán, y no una compañía dedicada a la fabricación de vehículos.
El domicilio registrado de Rocketel SAPI es Calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel, en Mérida, Yucatán, un inmueble que, según se ha señalado, no corresponde a un laboratorio o taller industrial para pruebas de vehículos. Además, el socio mayoritario de la empresa, Adrián Aguirre Palme, reside en Park City, Utah, donde posee una compañía dedicada a la fabricación de elevadores para esquí.
Este hecho contrasta con la información inicial del proyecto Olinia, que indicaba que el desarrollo del vehículo sería realizado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Puebla, lo que generaba expectativas sobre la participación local y académica en el avance tecnológico y de movilidad en la región.
Al ser consultada sobre los detalles del contrato, la Secihti se negó a proporcionar información sobre los montos gastados, las pruebas de seguridad del vehículo, las especificaciones técnicas y los tiempos de producción, argumentando que divulgar estos datos podría afectar la “ventaja competitiva” del proyecto.
El desarrollo del coche Olinia forma parte de un esfuerzo por innovar en sistemas de transporte, como el cablebús o teleférico que se construirá en Puebla, que busca mejorar la movilidad urbana con alternativas modernas y sostenibles. La transparencia en los procesos y la claridad en la participación de los actores involucrados serán elementos clave para fortalecer la confianza en estos proyectos que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes.
