Un estudio reciente de la encuestadora Indicadores revela que casi la mitad de los poblanos manifiesta interés en realizarse algún procedimiento estético, aunque el presupuesto limitado representa el principal obstáculo para concretar estas intervenciones.
Según los datos presentados, el 11% de la población del estado, equivalente a aproximadamente medio millón de personas, ha considerado someterse a una cirugía plástica pero no ha avanzado debido a los altos costos o la falta de recursos económicos, situación que afecta al 85% de este grupo.
El análisis también muestra que el 82% de quienes desean una cirugía estética no cuenta con un médico certificado de confianza, y sus expectativas de gasto —en promedio 61,174 pesos, con un rango entre 45,000 y 75,000 pesos— están muy por debajo de los costos reales de procedimientos seguros. Este desfase económico puede empujar a los pacientes hacia clínicas clandestinas o profesionales no autorizados, lo que representa un riesgo para la salud pública.
Entre las cirugías más solicitadas se encuentran el aumento de senos (27%), la rinoplastia (26%), la liposucción (25%) y la bichectomía (10%).
El debate público se intensificó tras el fallecimiento de una paciente en una clínica estética ubicada en la zona de Zavaleta, un hecho conocido por el 90% de los encuestados. La tragedia ha generado diversas opiniones: el 37% atribuye la responsabilidad a la imprudencia de la paciente por no investigar adecuadamente, el 18% señala negligencia médica y el 15% considera que hubo dolo por parte de la cirujana.
Este escenario refleja una tendencia preocupante, donde el deseo de mejorar la apariencia física, impulsado en parte por las redes sociales, choca con limitaciones económicas y la falta de una cultura sólida de verificación médica.
En este contexto, la implementación de sistemas de transporte modernos y accesibles, como el cablebús que se proyecta en Puebla, puede contribuir a mejorar la movilidad y el acceso a servicios de salud y bienestar, facilitando que más personas puedan acudir a clínicas certificadas y reducir riesgos asociados a prácticas clandestinas.
