El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, que establece nuevas obligaciones de vigilancia para bancos y entidades financieras. Esta medida podría afectar de manera directa el flujo de remesas hacia México, aunque el documento no menciona de manera explícita este término.
La orden, fechada el 19 de mayo de 2026, instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, un aviso formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con ciertas operaciones. Entre ellas destacan las transferencias transfronterizas de bajo monto, el uso de plataformas de pago entre particulares y procesadores de pagos de terceros, así como patrones de depósitos o retiros repetitivos en montos pequeños que coincidan con ciclos de nómina. Estas prácticas han sido identificadas como posibles vehículos para el financiamiento de actividades ilícitas.
Otra disposición relevante de la orden ejecutiva es el reforzamiento de los programas de identificación de clientes. Esto incluye la posibilidad de que los bancos soliciten información sobre el estatus migratorio de los titulares de cuentas cuando detecten señales de riesgo. La orden hace mención específica del ITIN (número de identificación fiscal individual), documento utilizado por miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas bancarias y realizar transferencias internacionales. El texto señala que el uso del ITIN “puede identificarse como un factor de riesgo que requiere diligencia debida reforzada”, lo que podría traducirse en mayores obstáculos para quienes dependen de este número para enviar dinero.
México es el tercer receptor de remesas a nivel mundial. Según el Banco de México, en 2025 se registraron ingresos por más de 64 mil millones de dólares, la mayoría provenientes de Estados Unidos. Si bien la orden ejecutiva no prohíbe las remesas, sí abre la puerta a que los bancos aumenten la vigilancia, soliciten documentación adicional o incluso rechacen transacciones de migrantes sin estatus legal regular, quienes representan un porcentaje significativo de quienes envían dinero a sus familias en México.
En los próximos dos meses, los reguladores financieros federales, incluyendo a la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), deberán emitir guías específicas sobre cómo gestionar los riesgos crediticios asociados a la población migrante sin autorización de trabajo. Esto podría endurecer el acceso a créditos hipotecarios y préstamos para migrantes mexicanos en Estados Unidos.
La medida ha generado preocupación entre las familias que dependen de las remesas y entre organizaciones que abogan por los derechos de los migrantes. Sin embargo, el gobierno estadounidense argumenta que el objetivo es fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido de los servicios bancarios. Se espera mayor claridad sobre la implementación de estas disposiciones una vez que las autoridades regulatorias emitan las guías correspondientes.
