Una familia de la colonia San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, denunció un presunto saqueo durante un cateo realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en el Aserradero El Ciprés. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de marzo a las 02:00 de la mañana, cuando agentes de la Fiscalía se presentaron con múltiples unidades y armamento para ejecutar la diligencia.
Flor Ruiz y su madre, integrantes de la familia afectada, relataron que más de diez hombres arribaron a la vivienda ubicada en el mismo predio del aserradero. En una casa contigua reside otro de los hijos de la familia con su esposa y cuatro menores de edad. La familia señaló que, además de la presencia de la Fiscalía, contaban con pruebas de la intervención de un vehículo del Ejército.
Ante la llegada de los agentes, Flor y su madre se resguardaron en la azotea y se comunicaron con el padre, quien no se encontraba en el lugar. Al llegar, se le negó el acceso, no le permitieron ver la orden judicial y no recibió explicación alguna por parte de los elementos. La familia permaneció resguardada hasta las 7 de la mañana, momento en que notaron que la Fiscalía había revisado exhaustivamente la casa, desactivado cámaras y sustraído objetos de valor, entre ellos joyería y dinero en efectivo.
La madre de familia describió el desorden encontrado y la desaparición de sus ahorros, carteras con dinero y alhajeros. También mencionó que a su hija le robaron bolsas de mano y todas sus joyas. En la vivienda contigua, el hermano de Flor fue detenido sin explicación clara, mientras que su esposa e hijos fueron encerrados en un automóvil y amedrentados con armas por los agentes.
Asimismo, la familia denunció que todos sus vehículos particulares y varios camiones de carga del negocio fueron retirados sin justificación, a pesar de que uno de los choferes se encontraba en el lugar y no recibió información sobre la intervención.
Tras la diligencia, la familia obtuvo acceso a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/CJMPUEBLA-I/003921/2026, en la que se advierten posibles irregularidades. El cateo fue autorizado por el juez de Control Regional Arturo Barranco Montoya, quien, según la familia, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, aunque no se especificaron los motivos.
La orden de cateo argumentó la preocupación de vecinos por la presencia de adolescentes trabajando en el aserradero, así como vehículos con vidrios polarizados y placas de otros estados, como Michoacán. Se estableció la necesidad de investigar el delito de trata de personas con fines de explotación laboral de menores, conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
La familia señaló inconsistencias en la narrativa oficial, como la negación de la presencia de menores, la falta de documentación de los objetos y vehículos retirados, la omisión de la presencia del Ejército y la afirmación de que solo seis personas participaron en el proceso, cuando las imágenes de cámaras de seguridad muestran más del doble de agentes.
En un video difundido en redes sociales, la familia negó las acusaciones en su contra y solicitó el apoyo ciudadano para que su caso sea conocido y se haga justicia, además de poder reactivar su negocio afectado por estas irregularidades.
