Rafael N., conocido como el presunto “Tirador de Atlixcáyotl”, fue ingresado la noche del miércoles 15 de julio al penal de San Miguel en Puebla capital, luego de que un juez de control confirmara la prisión preventiva en su contra.
De acuerdo con fuentes del área de Centros Penitenciarios, el empresario de origen español fue trasladado alrededor de las 23:00 horas desde la Casa de Justicia Centro, ubicada en 11 Sur, hasta el penal mencionado. La audiencia de vinculación a proceso está programada para el próximo domingo 19 de julio a las 9:00 horas, aunque la defensa de Rafael N. ha solicitado una audiencia adicional relacionada con el delito de intento de homicidio contra los policías que participaron en su detención.
La captura del empresario se dio tras semanas de incertidumbre en la zona metropolitana de Puebla. La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un operativo en el exclusivo fraccionamiento Santa Fe Residencial, donde Rafael N. fue plenamente identificado como el presunto responsable de los disparos en la zona de Angelópolis. Durante el operativo se registró un enfrentamiento armado, ya que el detenido respondió con disparos a los agentes.
Investigaciones de inteligencia y balística, coordinadas entre la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública, determinaron que los ataques no se realizaban desde edificios altos, sino desde el interior de un vehículo en movimiento, que fue identificado como una unidad recurrente en las inmediaciones de los incidentes.
Hasta el momento de su aprehensión, las autoridades contabilizaban al menos diez carpetas de investigación en su contra, relacionadas con daños materiales severos a vehículos particulares y agresiones físicas graves.
Además, Rafael N. tiene antecedentes públicos desde 2013, cuando fue señalado por participar de manera irregular en licitaciones de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. A través de adjudicaciones directas y presuntos prestanombres, habría obtenido contratos por más de 94 millones de pesos. Su red de influencia se habría extendido desde los gobiernos de Melquíades Morales hasta el de Mario Marín Torres.
Este caso refleja la complejidad de la seguridad en la capital poblana y la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y justicia para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.
