En la Barranca de Santa Rita, en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, fue localizada una fosa clandestina que contiene los restos de al menos 375 personas, según estimaciones del colectivo “Buscando Cuerpos”. Esta cifra se basa en el conteo de huesos sacros, una pieza ósea única por individuo, recuperados durante las labores de excavación en el sitio conocido como “La Parotita”.
Margarita López Pérez, activista, madre buscadora y exlegisladora local, explicó que la fragmentación constante de las osamentas, como fémures dispersos, obliga a realizar el conteo formal a partir de los huesos sacros. Además, en las jornadas más recientes se encontraron dos mandíbulas y fragmentos craneales que corresponden a menores de tres años de edad, lo que evidencia la presencia de víctimas infantiles.
El colectivo, que ha trabajado en la zona durante varios años, también documentó indicios biológicos recientes, incluyendo fragmentos de tejido con cabello aún conservado. Todo el material genético recuperado es enviado a laboratorios especializados en la Ciudad de México para su análisis y confronta de perfiles de ADN con familiares de personas desaparecidas.
López Pérez proyectó que, debido a la densidad de restos humanos en la barranca, las labores de recuperación, cribado y análisis forense podrían extenderse por al menos tres años más. Asimismo, criticó al presidente municipal sustituto de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García, por la falta de un esquema de seguridad y resguardo permanente en el perímetro de la fosa, lo que pone en riesgo la integridad de la escena entre cada jornada de búsqueda realizada por las familias.
En el ámbito institucional, la activista lamentó que Michoacán siga siendo una de las pocas entidades federativas sin una legislación específica para la búsqueda de personas desaparecidas. Durante su gestión como diputada local, López Pérez impulsó y logró la aprobación de un dictamen de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, basado en la Ley General federal y consensuado con organizaciones civiles. Sin embargo, esta normativa fue vetada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, decisión que la exlegisladora atribuye a un bloqueo político y no a deficiencias técnicas, ya que los colectivos atendieron las observaciones requeridas.
Las familias buscadoras señalan que la ausencia de un marco normativo local precariza sus labores por dos razones principales: la restricción de apoyos logísticos y operativos cuando identifican nuevas zonas con posibles indicios biológicos, y la impunidad administrativa, pues no existen mecanismos legales para sancionar a funcionarios que obstaculizan o dilatan las investigaciones y diligencias de campo.
Este hallazgo pone de manifiesto la gravedad de la crisis forense y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para la búsqueda y atención de personas desaparecidas en Michoacán.
