Durante la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama expresó su postura a favor de gravar con impuestos las herencias, pensiones y recursos de cuentas individuales de Afore entregados a beneficiarios tras el fallecimiento del trabajador. Esta propuesta generó críticas en redes sociales y fue finalmente rechazada por mayoría.
El debate se centró en el proyecto de sentencia presentado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, que planteaba establecer como criterio obligatorio que los recursos de la cuenta individual de Afore de un trabajador fallecido estén sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La controversia surgió a partir de una contradicción entre tribunales federales sobre si estos recursos deben considerarse ingresos exentos conforme al artículo 93, fracción XXII, de la Ley del ISR y el artículo 261 de su Reglamento, equiparándolos a legados, o si deben tributar como ingresos gravables.
En la sesión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa defendió que dichos recursos deben considerarse ingresos exentos, argumentando que cumplen una función análoga a la de un legado. Sin embargo, el proyecto fue rechazado por seis votos en contra.
Lenia Batres Guadarrama sostuvo que la Corte debe favorecer la distribución de la riqueza mediante impuestos a quienes reciben recursos sin esfuerzo propio, señalando que la exención actual reproduce desigualdades sociales. En sus palabras: “Yo creo que lo injusto es que no se graben las herencias y el legado, tanto de este caso como en el caso de la herencia y el legado, una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo […] en sentido estricto reproduce desigualdades sociales”.
Por su parte, usuarios en redes sociales criticaron esta postura, argumentando que las herencias provienen del esfuerzo previo de quienes las dejan y que ya han sido sujetas a impuestos.
Tras el rechazo del proyecto, el asunto fue turnado a otro ministro para su análisis. El ministro Figueroa solicitó asumir la ponencia con el fin de elaborar un nuevo proyecto que refleje el criterio mayoritario del Pleno y permita fijar jurisprudencia obligatoria.
