El Gobierno del Estado de Puebla informó este lunes 15 de junio de 2026 que, tras una revisión a la corporación policial de San Andrés Cholula, se detectó que 152 elementos municipales operan sin contar con la acreditación requerida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó esta irregularidad y exhortó al Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres, a regularizar la situación a la brevedad posible. Aguilar Pala destacó que los policías deben cumplir con los procesos de certificación, evaluación y acreditación establecidos por las autoridades nacionales, ya que estos mecanismos garantizan que los elementos cuenten con la capacitación y los controles de confianza necesarios para desempeñar sus funciones.
“Es un tema que debe solventarse”, señaló el funcionario al referirse a los 152 elementos que actualmente operan sin la acreditación correspondiente.
Esta situación se da en un contexto de creciente atención pública tras la detención de Ariana N, una madre de familia que fue sometida por policías municipales de San Andrés Cholula el pasado 11 de junio en inmediaciones del Parque Intermunicipal de Cholula. Las imágenes del procedimiento, que se difundieron en redes sociales, mostraron a la mujer siendo sometida por varios elementos mientras sus dos hijos menores lloraban e intentaban acercarse a ella, lo que generó una fuerte reacción ciudadana.
En relación con este caso, Aguilar Pala hizo un llamado enérgico al gobierno municipal para respetar los protocolos de actuación policial y de detención de personas. Además, advirtió que durante el procedimiento se vulneró la integridad de la mujer y de sus hijos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales y calificó preliminarmente la detención como arbitraria.
Ante este escenario, el Gobierno estatal solicitó al Ayuntamiento de San Andrés Cholula reforzar la capacitación de sus elementos y garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para el uso de la fuerza, especialmente en situaciones donde existan menores de edad involucrados.
La revisión a la corporación municipal y los cuestionamientos sobre la actuación policial colocan a la administración de Guadalupe Cuautle bajo presión, mientras avanzan tanto las investigaciones de derechos humanos como el proceso para regularizar la situación de los elementos sin acreditación.
Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido una postura detallada sobre los señalamientos realizados por la Secretaría de Gobernación estatal.
