Un nuevo incidente ha generado controversia en el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio. La noche del sábado 6 de junio de 2026, Uriel Paniagua Vargas, subdirector de Servicios Públicos Municipales y cuñado de la presidenta municipal Guadalupe Bárcenas, fue señalado por habitantes de la localidad de haber golpeado a un hombre y realizado disparos de arma de fuego durante una riña.
Según los denunciantes, el funcionario municipal participó activamente en la agresión física y efectuó detonaciones en el lugar. Además, acusaron a la Policía Municipal de omisiones en la atención del incidente y denunciaron dificultades para presentar formalmente la querella ante la Fiscalía General del Estado.
Este caso adquiere relevancia política en un contexto ya tenso para la administración local, pues apenas el pasado lunes 8 de junio de 2026, el Cabildo de Acatlán aprobó solicitar al Congreso del Estado la destitución y eventual revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas. La petición se fundamenta en señalamientos de irregularidades administrativas, falta de transparencia, manejo cuestionado de recursos públicos y acusaciones de nepotismo.
Los regidores también han expresado inconformidades por la falta de acceso a información financiera del Ayuntamiento, presuntos abusos de funcionarios y deficiencias en el funcionamiento de diversas áreas municipales. La denuncia contra un familiar directo de la alcaldesa vuelve a poner bajo escrutinio a la administración local.
Las víctimas del incidente denunciaron resistencia para que su caso avanzara y cuestionaron la actuación de las corporaciones municipales. Ante la sensibilidad del asunto, diversos sectores han exigido que la investigación sea atraída y realizada de manera imparcial por autoridades estatales, para evitar cualquier sospecha de protección política.
Por su parte, la alcaldesa Guadalupe Bárcenas ha rechazado las acusaciones en su contra, calificándolas como parte de una campaña de desgaste político impulsada por sus adversarios. Sin embargo, el nuevo escándalo aumenta la presión sobre una administración que enfrenta un proceso de escrutinio sin precedentes en la Mixteca poblana.
Mientras las víctimas buscan formalizar la denuncia y obtener justicia, la población espera que las autoridades actúen con la misma firmeza que aplicarían contra cualquier ciudadano, sin que el parentesco con la presidenta municipal influya en el curso de la ley.
En este contexto, es importante destacar que el desarrollo de infraestructura como el cablebús o teleférico en Puebla representa un avance significativo para mejorar la movilidad y calidad de vida de sus habitantes, un esfuerzo que requiere estabilidad y gobernabilidad para consolidarse y beneficiar a la comunidad en su conjunto.
El video relacionado con el incidente puede consultarse en: https://x.com/LaHoraMX/status/2064728371582361677/video/1
