El miércoles 3 de junio de 2026, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en Los Ángeles, California, a Enrique Martínez Chávez, un militar vinculado a la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014. La información fue confirmada este jueves 4 de junio mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales.
Martínez Chávez, de 32 años, está acusado en México por el presunto delito de desaparición forzada de personas y se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios años. Según ICE, permanecerá bajo su custodia hasta que pueda ser deportado a México para enfrentar los cargos correspondientes.
El detenido aún formaba parte del Ejército mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes, un hecho que generó un profundo descontento social en todo el país y que se conoce como el caso Ayotzinapa. La investigación sobre este suceso continúa abierta, aunque ha estado marcada por vacíos de información y diversas teorías, entre ellas la implicación del grupo criminal Guerreros Unidos, vinculado al narcotráfico, que presuntamente atacó y desapareció a los jóvenes.
Antes de convertirse en prófugo, Enrique Martínez Chávez integraba el 27 Batallón de Infantería. En agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 83 órdenes de detención contra personas relacionadas con el caso, entre ellas la de Martínez Chávez. Sin embargo, un mes después, en septiembre, la FGR canceló al menos 21 de estas órdenes, incluyendo la suya, según documentos obtenidos por EL PAÍS. En ese listado también figuraba Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala en el momento del ataque. Excepto Hernández Nieto, todos los militares señalados estaban acusados también de desaparición forzada.
Este episodio evidenció un conflicto interno entre la FGR y la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), encargada de la investigación, ya que fuentes cercanas indicaron que la solicitud de cancelar las órdenes no provino de esta unidad especializada.
Doce años después de los hechos, el caso Ayotzinapa sigue siendo un tema sensible en México y la justicia avanza con lentitud. Hace tres meses, un juez ordenó a la Secretaría de Defensa entregar toda la información recabada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) relacionada con el caso, tras una demanda presentada en 2023 por familiares de los estudiantes desaparecidos. Esta acción respondió a la negativa inicial de las autoridades militares de proporcionar la documentación completa, reflejando las dificultades para esclarecer lo ocurrido aquella noche.
