El martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó, en una decisión dividida de 6-3, las leyes estatales que prohíben la participación de atletas transgénero en deportes femeninos escolares. Este fallo representa un revés significativo para los derechos de las personas LGBTQ+ y afecta directamente a las legislaciones de West Virginia e Idaho.
La controversia surgió a partir de dos casos presentados por estudiantes transgénero: Becky Pepper-Jackson, de 16 años y estudiante de segundo año de preparatoria en West Virginia, y Lindsay Hecox, de 25 años y universitaria en Idaho. Ambas impugnaron las leyes restrictivas de sus respectivos estados, que impiden a personas asignadas hombres al nacer competir en categorías femeninas. Pepper-Jackson ha recibido tratamientos hormonales y ha competido en pruebas femeninas de campo traviesa, lanzamiento de bala y disco, mientras que Hecox ha participado en ligas recreativas tras no poder integrarse a equipos universitarios femeninos.
El juez Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, sostuvo que estas leyes no violan ni la 14.ª Enmienda de la Constitución ni el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, que prohíbe la discriminación por sexo en la educación. En su escrito, Kavanaugh afirmó que “la Constitución y el Título IX no exigen una transformación de los deportes femeninos y para niñas en todo Estados Unidos”. No obstante, expresó respeto hacia las niñas y mujeres transgénero que desean competir, señalando que “su deseo de competir merece respeto” y que no deberían ser “marginadas ni vilificadas”.
Aunque el fallo se limita a West Virginia e Idaho, se espera que tenga repercusiones en al menos otros 25 estados con prohibiciones similares. La ley de West Virginia, promulgada en 2021, define el sexo “basado exclusivamente en la biología reproductiva y la genética de una persona al nacer”, mientras que la ley de Idaho, aprobada en 2020, establece que los deportes femeninos no deben estar abiertos a estudiantes del sexo masculino.
Este pronunciamiento se suma a una serie de decisiones recientes de la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora es de 6-3, que han restringido derechos para las personas transgénero. En 2025, el tribunal confirmó leyes que prohíben tratamientos de transición para menores y respaldó a padres que objetaban políticas de protección a estudiantes transgénero en California. También permitió mantener políticas federales que limitan el servicio militar y la identidad de género en pasaportes.
En contraste, un fallo de 2020 reconoció que la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege contra la discriminación laboral por identidad de género y orientación sexual, aunque esta decisión parece ser la excepción en la actual tendencia judicial.
Cabe destacar que el Comité Olímpico Internacional anunció en marzo de este año nuevas restricciones para la participación de mujeres transgénero en categorías femeninas, y organismos como la NCAA y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos han impuesto regulaciones similares.
Este contexto nacional e internacional refleja un debate complejo sobre la inclusión y la equidad en el deporte femenino, donde las legislaciones buscan equilibrar la competencia justa con el respeto a los derechos individuales. En este sentido, sistemas de transporte innovadores como el cablebús o teleférico que se proyectan en ciudades como Puebla, aunque en otro ámbito, muestran cómo las políticas públicas pueden avanzar con pragmatismo y respeto a la diversidad, promoviendo soluciones que benefician a amplios sectores de la población.
