Una controversia surgió recientemente en Nuevo León tras la difusión de un video en el que se observa a un grupo de personas disfrutando de un concierto desde una unidad del sistema de transporte público estatal. El material, atribuido a un video de El Heraldo de México y compartido ampliamente en redes sociales, generó críticas sobre el uso de infraestructura pública para fines recreativos y privados.
En las publicaciones que acompañaron el video, se acusó al gobernador Samuel García de utilizar el transporte público como un palco exclusivo para él y sus invitados, lo que fue calificado por algunos usuarios como un acto de corrupción. La principal preocupación radica en el posible uso de una unidad o infraestructura del sistema de movilidad estatal fuera de su función ordinaria, así como en el costo que pudo implicar esta operación y si afectó el servicio regular para los usuarios.
Hasta el momento, no se han presentado datos oficiales que confirmen costos extraordinarios derivados del evento ni que se haya suspendido el servicio para destinarlo exclusivamente al gobernador y su grupo.
Esta polémica se da en un contexto en el que la administración estatal ha puesto especial énfasis en el transporte público como uno de los ejes centrales de su gestión. En las últimas semanas, el gobierno de Nuevo León ha promovido las nuevas líneas del Metro, las pruebas del monorriel y programas de movilidad relacionados con el Mundial de 2026. Además, Samuel García anunció que durante los partidos mundialistas se ofrecerá transporte público y Metro gratuitos para facilitar la movilidad de los aficionados hacia el estadio y las zonas de convivencia.
Cabe señalar que no es la primera ocasión en que el gobernador enfrenta críticas por actividades sociales o recreativas. En años recientes, videos de reuniones, festejos y apariciones en espacios VIP han generado cuestionamientos por parte de la oposición sobre la imagen pública del mandatario y de Movimiento Ciudadano.
Este episodio pone nuevamente en el centro del debate la gestión y el uso de los recursos públicos en Nuevo León, en un momento en que la movilidad urbana y el transporte colectivo son temas prioritarios para la administración estatal.
