Este jueves, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal local para sancionar la cohabitación forzada con penas de hasta 22 años y medio de prisión. La medida, que fue impulsada por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), establece que la pena máxima aplicará en casos donde las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables.
La reforma al artículo 224 del Código Penal contempla una sanción de 8 a 15 años de cárcel para quienes obliguen a menores de 18 años o personas vulnerables a unirse informalmente con otra persona en condiciones similares al matrimonio. Esta pena puede aumentar hasta 22 años y medio si la víctima es parte de una comunidad indígena o afromexicana, o si el agresor mantiene una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia con la víctima.
Con esta decisión, Puebla se convierte en la entidad número 13 en legislar sobre el tema de la cohabitación forzada. De acuerdo con el dictamen aprobado, una de cada cinco mujeres en el estado se une en pareja antes de cumplir los 18 años. Además, en 2022 se registraron más de 9 mil nacimientos de madres menores de 15 años en el país, lo que evidencia la gravedad del problema.
La reforma busca atender situaciones de violencia y reducir los índices de deserción escolar y embarazo adolescente, fenómenos asociados a las uniones forzadas. El dictamen señala que la propuesta pretende evitar los matrimonios forzados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años, así como de personas que no tienen la capacidad para comprender o resistir tales situaciones.
En 2025, Puebla reportó una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, cifra superior al promedio nacional de 2.39, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo). Aunque esta proporción es menor a la registrada en 2018, cuando fue de 3.68 nacimientos por cada mil niñas, la reducción no ha sido suficiente para que Puebla deje de estar entre los diez estados con mayor incidencia.
El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, elaborado por el Conapo, ubicó a Puebla el año pasado en el octavo lugar nacional en este indicador, solo detrás de entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Michoacán y Veracruz.
La aprobación de esta reforma representa un paso relevante en la protección de los derechos de niñas, adolescentes y personas vulnerables en Puebla, al establecer sanciones más severas para quienes incurran en la cohabitación forzada.
