La Fiscal\u00eda General del Estado de Oaxaca enfrenta se\u00f1alamientos tras confirmarse que veh\u00edculos asegurados por denuncias de robo fueron entregados a funcionarios p\u00fablicos para su uso oficial. Este lunes 13 de julio, el gobernador Salom\u00f3n Jara Cruz admiti\u00f3 haber solicitado personalmente a la fiscal\u00eda estatal la entrega de unidades decomisadas o en calidad de depositarias para autoridades municipales.<\/p>\n
Seg\u00fan las autoridades estatales, algunas de estas unidades permanec\u00edan abandonadas hasta por 10 a\u00f1os y, tras ser reparadas por los ayuntamientos, ahora cumplen funciones de transporte oficial. El conflicto se intensific\u00f3 durante el fin de semana, cuando un usuario de redes sociales localiz\u00f3 mediante rastreo GPS un autom\u00f3vil que hab\u00eda sido retenido semanas antes por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Este veh\u00edculo, que anteriormente operaba como taxi for\u00e1neo, fue encontrado con modificaciones en su carrocer\u00eda y en posesi\u00f3n de un comisionado municipal.<\/p>\n
Aunque los agentes de la fiscal\u00eda se presentaron en el lugar, permitieron que el funcionario se retirara tras mostrar un documento de depositario, lo que gener\u00f3 indignaci\u00f3n entre ciudadanos afectados. Los denunciantes sostienen que este caso no es aislado, sino parte de un esquema sistem\u00e1tico dentro de la dependencia. Por ello, preparan expedientes para presentar una queja formal ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, con el fin de que se investigue a los funcionarios involucrados.<\/p>\n
En respuesta, la fiscal\u00eda local inici\u00f3 procedimientos internos a trav\u00e9s de su Contralor\u00eda y Visitadur\u00eda General para esclarecer las irregularidades denunciadas. Durante su conferencia semanal, el gobernador Jara Cruz justific\u00f3 la entrega de estos veh\u00edculos argumentando que los ayuntamientos carecen de recursos para adquirir transporte nuevo. Explic\u00f3 que, ante las solicitudes de diversos presidentes municipales, ha gestionado con el fiscal Bernardo Rodr\u00edguez Alamilla la entrega de dichas unidades.<\/p>\n
Este mecanismo, sin embargo, ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia en los procesos de asignaci\u00f3n. Mientras el gobierno estatal defiende el aprovechamiento de recursos supuestamente abandonados, la ciudadan\u00eda exige mayor claridad sobre el destino de los bienes asegurados. Por ahora, el caso permanece bajo escrutinio p\u00fablico y las autoridades federales podr\u00edan atraer la investigaci\u00f3n, siempre que se compruebe la existencia de una red de corrupci\u00f3n en el manejo de propiedad privada decomisada.<\/p>\n