La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue una renuncia voluntaria, sino un cese ordenado desde el Ejecutivo tras descubrirse que fungía como informante de agencias estadounidenses durante al menos seis años, según reveló el periodista Raymundo Riva Palacio.
En su columna Estrictamente Personal, publicada hoy viernes 17 de julio de 2026, Riva Palacio detalla que un operativo de contrainteligencia realizado tras la llegada de Lara a la FGR en enero pasado, donde se desempeñaba como fiscal especial para Asuntos Relevantes y vocero de la institución, destapó además de sus vínculos con redes de extorsión y huachicol fiscal, su colaboración con servicios de inteligencia extranjeros.
El periodista señala que la investigación interna comenzó inmediatamente después de su incorporación debido a su “oscuro pasado”. Los hallazgos incluyeron extorsiones, nexos con huachicoleros y, lo más grave, su papel como informante para Estados Unidos, lo que provocó su cese inmediato desde las más altas esferas del Ejecutivo y una crisis interna en la Fiscalía.
El detonante para la salida de Lara ocurrió la semana pasada con la liberación de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, líder del Cártel del Noreste, dedicado al lavado de dinero y contrabando de combustible. Las pesquisas de inteligencia, realizadas sin conocimiento de la fiscal Ernestina Godoy, revelaron que Lara había pactado con figuras vinculadas al contrabando fiscal, entre ellas Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo e investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde fungía como cónsul honorario.
Riva Palacio añade que, según reportes estadounidenses, esta red de huachicol fiscal estaría vinculada con el senador Adán Augusto López y con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente.
Además, el periodista asegura que Lara utilizó su posición para extorsionar a la familia Lozoya y a cercanos del empresario Alonso Ancira. Esta situación habría motivado la detención, hace dos semanas, de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.
La Fiscalía reactivó recientemente el proceso penal contra Ancira, exdueño de Altos Hornos de México, quien aún debe más de 112 millones de dólares a Pemex por reparación del daño en dicho caso.
Finalmente, Riva Palacio señala que, en la actual administración, la corrupción no se castiga ni se investiga adecuadamente, como lo evidencian casos similares al de Lara, y que en cambio se opta por ceses para preservar la confianza institucional.
Este episodio pone en evidencia la complejidad y los retos que enfrenta la Fiscalía en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado, así como la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones públicas.
