Este viernes 17 de julio de 2026, la columna “Rocha se quiere entregar”, publicada en El Heraldo de México, plantea que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estaría dispuesto a entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, según el texto firmado por el periodista Manuel López San Martín, esta posibilidad habría sido frenada por Morena y el Gobierno federal.
La columna sostiene que Rocha Moya considera que comparecer ante la justicia estadounidense le permitiría defenderse directamente de las acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. No obstante, asegura que desde el oficialismo existe interés en impedir esa decisión, debido a que el exmandatario podría revelar información que comprometería a integrantes del movimiento gobernante.
Este señalamiento se da en el contexto de una crisis política y diplomática que comenzó tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con el narcotráfico. Ante estas imputaciones, Rocha solicitó licencia al cargo de gobernador para enfrentar las investigaciones. Por su parte, el Gobierno de México ha exigido a Estados Unidos presentar pruebas que sustenten las acusaciones antes de considerar cualquier proceso de extradición.
En días recientes también circularon versiones sobre un supuesto operativo para detener al exgobernador en Culiacán, información que fue desmentida por el Gabinete de Seguridad federal.
Es importante señalar que la columna presenta la afirmación de que Rocha Moya “quiere entregarse” como información atribuida a fuentes del autor, sin confirmación oficial ni declaración pública del propio exgobernador. Hasta el momento, ni Rocha Moya ni Morena ni el Gobierno federal han respondido a la versión de que estarían impidiendo una eventual entrega voluntaria.
Este caso continúa siendo uno de los temas políticos más relevantes en el país, mientras México mantiene su postura de exigir evidencias formales a Estados Unidos antes de avanzar en cualquier procedimiento legal.
