Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que rechaza la orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, la cual pretendía restringir el acceso automático a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancias temporales en el país.
Con una votación de seis magistrados contra tres, el Tribunal reafirmó la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoce el derecho a la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio nacional, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Esta interpretación ha estado vigente por más de un siglo y es fundamental para la aplicación del derecho de suelo en Estados Unidos.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, destacó en el dictamen mayoritario que “la ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política” y subrayó que “los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra”, concluyendo que “hoy mantenemos esa promesa”.
Entre los jueces que votaron en contra de la orden ejecutiva se encontraba Brett Kavanaugh, quien, aunque es considerado conservador, fundamentó su voto en una ley federal y no en la Constitución. La decisión mantiene vigente la jurisprudencia que data de finales del siglo XIX y excluye únicamente a los hijos de diplomáticos extranjeros de este derecho automático.
La orden ejecutiva de Trump, firmada en su primer día de regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento solo a hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, dejando fuera a hijos de inmigrantes en situación irregular, visitantes temporales y personas con estancias legales pero sin intención de residencia permanente. De haberse implementado, esta medida habría afectado el estatus legal de hasta 250,000 bebés anualmente y habría obligado a millones de familias a presentar pruebas adicionales sobre la ciudadanía de sus hijos.
No obstante, la orden nunca entró en vigor debido a que fue bloqueada por tribunales federales poco después de su emisión, y ahora la Corte Suprema ha confirmado la vigencia de la interpretación tradicional de la Decimocuarta Enmienda.
Este fallo representa un respaldo a la estabilidad jurídica en materia migratoria y de ciudadanía, un tema que sigue siendo central en el debate político y social en Estados Unidos.
