La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió este miércoles 17 de junio de 2026 su competencia para estudiar la constitucionalidad de la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en las leyes sanitarias mexicanas.
El caso surge a partir de una persona que solicitó la protección de la justicia contra la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México, debido a que estas normativas prohíben el acceso a la eutanasia. La promovente, quien es tanatóloga y ha sido diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama, argumenta que imponer como única forma jurídicamente válida de morir la denominada “muerte natural” vulnera el derecho a la autonomía y al desarrollo de la libre personalidad.
Durante la sesión, el ministro Arístides Guerrero García recordó que países como Países Bajos y Bélgica permiten la eutanasia desde 2002, Canadá desde 2016 y Colombia desde 1997, cuando la Corte Constitucional despenalizó este procedimiento. Sin embargo, aclaró que la decisión de atraer el caso no implica una postura a favor o en contra, sino únicamente la aceptación para discutir el tema de fondo.
El ministro Irving Espinosa Betanzo explicó que la persona que promovió el amparo ha dedicado su vida a asistir a pacientes con enfermedades terminales y ahora reclama disposiciones en materia de salud relacionadas con el trato y cuidados paliativos para este tipo de pacientes.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía destacó que este asunto representa una oportunidad para que la Suprema Corte fije un criterio novedoso sobre la eutanasia y otros procedimientos de muerte asistida.
La votación para atraer el caso fue favorable por mayoría, con ocho ministros a favor y una abstención de la ministra María Estela Ríos González. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aseguró que este tema será de suma importancia para la sociedad y que, tras la atracción del caso, se procederá a un análisis profundo y al debate correspondiente.
Actualmente, la eutanasia se encuentra prohibida en México por la Ley General de Salud, por lo que la resolución que emita la SCJN podría marcar un precedente relevante en materia de derechos y autonomía personal.
