La diputada local Nayeli “Nay” Salvatori se pronunció este martes 16 de junio de 2026 para aclarar su posición respecto al caso de Ariana F., la mujer detenida por policías municipales de San Andrés Cholula. Salvatori negó haber defendido el consumo de alcohol al volante y afirmó que su intervención se centró únicamente en denunciar presuntas irregularidades en la detención.
La legisladora explicó que su postura se enfocó en analizar el actuar de los elementos de seguridad durante el procedimiento, sin justificar las acciones de la conductora. Esta aclaración surge tras la circulación en días recientes de videos y antecedentes relacionados con el caso, que generaron cuestionamientos hacia la diputada por su pronunciamiento inicial.
Además, Salvatori expresó su preocupación por la filtración de los videos captados por cámaras de seguridad y dispositivos oficiales durante la intervención policial. Señaló como grave que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, haya declarado desconocer quién fue responsable de la difusión de estos materiales audiovisuales, que se viralizaron en redes sociales y medios digitales.
La diputada también reveló que la mujer involucrada ya presentó una denuncia formal, lo que permitirá a las autoridades investigar los hechos y determinar si hubo irregularidades en la actuación policial. Esta información contrasta con declaraciones previas de autoridades municipales, quienes indicaron no tener conocimiento de una denuncia formal hasta ese momento.
El caso continúa bajo investigación por diversas instancias. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio contra cinco elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula. Asimismo, el Gobierno estatal ha cuestionado la actuación de la corporación y el cumplimiento de los protocolos de detención.
La controversia, que comenzó con la difusión de videos de la detención ocurrida en el Parque Intermunicipal de Cholula, ha generado un debate político y jurídico sobre el uso de la fuerza, los derechos de los detenidos y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de información sensible obtenida durante operativos policiales.
