La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el jueves 10 de junio de 2026 iniciar un juicio político contra Samuel García, gobernador de la entidad, por la presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con sus familiares.
La solicitud para este procedimiento fue promovida por la bancada de Morena desde el 8 de junio y, dos días después, el Congreso local decidió dar trámite al juicio político contra el mandatario estatal.
Aunque no todos los diputados de Morena asistieron a la sesión, esto no impidió la discusión y votación del asunto en la Comisión Anticorrupción.
Tras la decisión mayoritaria, Samuel García será notificado oficialmente y contará con un plazo de 15 días hábiles para responder. Podrá presentar su declaración ante el Poder Legislativo local de manera escrita o presencial, conforme al procedimiento establecido.
El origen del proceso se relaciona con una investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en abril de 2026, en la que se señala al gobernador por presuntamente orquestar un esquema financiero para desviar recursos públicos y lavar más de mil millones de pesos.
De acuerdo con las indagatorias, el mandatario habría utilizado un modelo de triangulación de fondos gubernamentales para beneficiar directamente a su círculo familiar. Se menciona que, a través de diversas empresas, organismos públicos y proyectos de infraestructura, se favoreció al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares de Samuel García: su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
La investigación indica que el gobierno estatal canalizó recursos públicos mediante distintos mecanismos financieros que terminaban en las cuentas de dicho despacho. Posteriormente, los fondos eran distribuidos a otras empresas, principalmente a “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que habría recibido transferencias por más de mil millones de pesos.
Finalmente, los recursos de esta empresa inmobiliaria fueron enviados a diversas jurisdicciones fuera del país, incluyendo cuentas en Estados Unidos, con el supuesto propósito de dificultar el rastreo financiero y ocultar el origen público de los recursos.
Samuel García ha rechazado categóricamente las acusaciones. Tras la publicación de la investigación, calificó los señalamientos como un “refrito” y recordó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya investigó estos hechos y emitió una resolución de no ejercicio de la acción penal.
En sus redes sociales, el gobernador afirmó que “son falsos todos los señalamientos” y que la Fiscalía estatal determinó, tras analizar las pruebas, que no existe irregularidad.
Este proceso se desarrolla en un contexto donde la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos son temas prioritarios para la ciudadanía y las autoridades. La apertura del juicio político permitirá esclarecer los hechos y fortalecer la confianza en las instituciones.
