Paulina González Garibay es una exempleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien se desempeñó en el área de CFE-Distribución, dentro de las Oficinas Divisionales con sede en Puebla, Puebla. Su nombre cobró relevancia recientemente tras la publicación de su declaración patrimonial de modificación correspondiente a 2024, en la que reportó ingresos netos anuales por 60,343,974 pesos durante el año 2023, derivados de su cargo público. De acuerdo con el documento, González Garibay no declaró ingresos adicionales por actividades industriales, comerciales, financieras o de servicios profesionales, manteniendo como ingreso total la cantidad mencionada.
El 27 de febrero de 2025, según consta en un oficio oficial de la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Centro Oriente en Puebla, se le restringió el acceso a las instalaciones de la CFE. La comunicación, firmada por el Licenciado Manuel Dehesa Toledo, jefe del Departamento de Servicios Generales de la División, fue dirigida a la empresa de vigilancia Secumax. En el escrito, se instruyó que no se permitiera el ingreso de González Garibay “por ningún motivo”, solicitando además al personal de seguridad proceder con total discreción al respecto.
Este caso ha generado atención en la opinión pública debido a la magnitud del ingreso reportado, en contraste con el contexto actual de los trabajadores y pensionados del sector energético en México.
Contexto de las Pensiones en Organismos Estatales
Mientras estos hechos ocurren, más de 93 mil jubilados de organismos estatales como Pemex, CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro enfrentan desde hace algunos meses la posibilidad de una reducción significativa en sus ingresos. Esto ocurre tras la entrada en vigor de la reforma al artículo 127 constitucional, la cual establece un tope máximo a las pensiones denominado mediáticamente como la eliminación de “pensiones doradas”.
La reforma, que establece un límite de 67,145 pesos mensuales para 2026 —equivalente al 50% del salario neto de la persona titular del Ejecutivo federal—, exceptúa únicamente a los integrantes de las fuerzas armadas. Su aplicación ha generado controversia legal, ya que especialistas y afectados afirman que podría contravenir el principio de irretroactividad de la ley, protegido en el artículo 14 constitucional. Ante esta situación, se ha conformado un Frente Nacional de Defensa para buscar alternativas legales.
Las modificaciones legales responden a ajustes fiscales y decisiones judiciales orientadas a controlar los pasivos laborales de las instituciones públicas. Esto ha derivado en un ambiente de incertidumbre jurídica y preocupación entre los extrabajadores del sector, quienes ahora enfrentan una posible reducción de hasta el 60% en sus pensiones mensuales, afectando su estabilidad económica y la de sus familias.
Hasta el momento, la situación de Paulina González Garibay y sus percepciones reportadas continúa bajo revisión, en tanto que la comunidad de extrabajadores de organismos estatales permanece atenta a las resoluciones legales que definirán el futuro de sus derechos adquiridos.
